Si yo fuese el carnicero de Irún

Ya expuse en un post anterior mi opinión sobre el caso Contador y la patética imagen que estamos dando en España con la defensa numantina del bravo ciclista pinteño.

Ahora me centraré en comentar una cosa que me ha llamado la atención desde el inicio del caso, y que no otra que la alegación de Contador de que la sustancia entró en su cuerpo a través de un filete de ternera que se compró en Irún, y que el pobre ternerillo habría sido engordado con clembuterol, conducta que, por cierto, está terminantemente prohibida.

Por lo tanto, Contador y su defensa estarían acusando a algún ganadero de Irún de estar cometiendo una conducta ilegal (desconozco si tipificada como delito o como simple falta administrativa).

Siempre creí que no se había acusado a ningún ganadero o carnicero en concreto, aunque aun así me llamaba la atención que alguna supuesta asociación de ganaderos de Irún, Guipúzcoa o el País Vasco no se hubiese pronunciado al respecto.

Sin embargo, cuál es mi sorpresa al leer esta noticia hoy, a través de la que me entero de que se acusó a un carnicero con nombre y apellidos, el señor Javier Zabaleta.

No se pierdan la noticia puesto que las declaraciones de Zabaleta son de una educación y formas exquisitas, propias de un hombre cabal. Yo, si fuese el carnicero de Irún, o miembro de la Ascociación de Ganaderos  de Guipúzcoa, haría tiempo que le hubiese puesto una querella a Contador, para que la próxima vez se pensase dos veces lo de acusar sin pruebas.

Y ustedes, a comer carne de ternera vasca, que está buenísima.

Si Garzón se llamase Martínez

Aquellos que hayan leído mis comentarios en twitter ya sabrán lo que opino acerca de la condena al juez Baltasar Garzón Real, opinión que desarrollo un poco más a continuación.

Nadie puede negar que el derecho a la defensa incluye que el juez instructor no pueda conocer las conversaciones que uno tiene con su abogado. Esta premisa fundamental a veces se olvida y en mi opinión es de donde se debería partir a la hora de analizar los hechos.

Bien es verdad que el caso se ha magnificado y ha creado una mayor expectación mediática por ser el acusado el señor Garzón, juez estrella, otrora candidato en las listas al congreso por el PSOE en 1993 e instructor de algunas de las causas más célebre que han tenido lugar en España (GAL, ETA, Gürtel, etc.) Pero eso no es culpa de los siete (ni más ni menos que siete) magistrados que han dictado una sentencia sin voto particular alguno.

Nadie negará que si las escuchas sistemáticas (importante el hecho de que sean sistemáticas para calificar la conducta como prevaricación) las hubiese ordenado el juez Martínez, la opinión pública no estaría tan dividida y a prácticamente todo el mundo le parecería una barbaridad (y por tanto, lógica la condena) el que un juez ordenase intervenir las comunicaciones de abogados y clientes.

Además, como bien escribe Luis del Pino, que no es que sea de mis periodistas preferidos, todos los que acusan al Tribunal Supremo de haber dictado una condena política, deberían firmar un papel renunciando a su derecho a la defensa y autorizando a cualquier juez a grabar sus conversaciones con sus abogados.

Pueden escuchar asimismo la entrevista que el propio del Pino le hizo al abogado madrileño Juan José Areta.

Me hace gracia también los que afirman que debido a la "arbitrariedad de la sentencia" (sic) el TEDH de Estrasburgo anulará la misma, condenando al Estado Español. No me imagino yo a un Tribunal de Derechos Humanos que se precie entendiendo que es acorde con los derechos humanos el intervenir las conversaciones de los detenidos con sus abogados, digo yo.

Yo ni me alegro ni me dejo de alegrar por la condena al juez Garzón, pero la verdad es que los hechos son bastante claros y la sentencia muy bien fundada. Las protestas de la izquierda española, no dejan de ser juegos florales.